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Gobierno no violó directriz

  • Creación de plazas estuvo acorde con la disposición presidencial.
  • En 2015 se generaron ahorros por ¢11.000 millones por plazas no creadas y más de ¢5.500 millones por plazas vacantes congeladas.

 

El Diario Extra y el Diputado Mario Redondo se equivocan, el Gobierno de la República no trasgredió la Directriz 23-H “SOBRE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, con la creación de 3.172 plazas, tal como titula hoy ese periódico con base en una declaración emitida por el legislador de Cartago.

La nota titulada “Gobierno viola austeridad y crea 3.172 plazas en 2015” además de no contar con el debido equilibrio, es inexacta, ya que el diputado Redondo interpretó los datos de una respuesta que ante su requerimiento dio la Dirección Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (Oficio STAP-0343-2016), del 29 de marzo de 2016, en la que hizo una simple suma de plazas y costos, sin considerar si se trata de puestos exceptuados o no por dicha Directriz.

El artículo 11 de La Directriz 23-H señala que: “No se crearán plazas en los ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Se exceptúan de esta directriz los puestos del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, se autoriza a ese Órgano Colegiado para que conozca y valore lo relativo a la creación de plazas estrictamente necesarias en razón de conveniencia y necesidad de la Administración. Las propuestas deberán ser debidamente justificadas por los respectivos jerarcas”.

 

De esas 3.172 plazas el 64% (2.024) fueron creadas para “Educación” con lo que están debidamente exceptuadas por el artículo anterior. La gran mayoría (72,5%) de esas plazas son para docentes, las menos administrativas, en cuyo caso estas últimas responden a cumplimientos de órdenes de la Sala Constitucional por asuntos específicos dado un recurso de amparo o bien porque responden a plazas relacionadas con la Convención Colectiva que fue  negociada por la Administración Chinchilla Miranda y que en cuyo caso son plazas, en especial, para cocineras y guardas de seguridad.

 

El 17% (535) de esas plazas corresponden al sector social que incluye cultura, salud y protección social, tal como plazas para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Además, 30 plazas fueron otorgadas a la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, para reforzar la lucha contra el contrabando, como también otras 65 fueron otorgadas al Ministerio de Seguridad Pública.

 

Del total de plazas, el 20% corresponde a servicios especiales (se crean por un límite de tiempo), de ellas, 291 plazas, es decir, la mayoría, pertenecen al INEC, para las encuestas que realiza este instituto todos los años. De hecho, todo lo que son servicios especiales como Bomberos, COSEVI, entre otros, son plazas con plazo definido para proyectos particulares.

 

Falta a la verdad el Diputado Redondo cuando indica: “Sigue evidenciando que si no tomamos medidas en materia de gasto de nada servirá ningún paquete de impuestos”. Primero, porque no todas las plazas que se crean tienen impacto en el déficit del Gobierno Central, ya que no están cargadas al presupuesto nacional; algunas de esas plazas corresponden a instituciones que están fuera de esa esfera, como por ejemplo,  el IMAS, AyA, Senasa, entre otras.

Segundo, este Gobierno si ha dado muestras de austeridad en el gasto. De hecho, en esta materia, en 2015 se generaron ahorros por ¢11.000 millones por plazas solicitadas pero no creadas y más de ¢5.500 millones por plazas vacantes congeladas.

 

Finalmente, la Directriz nunca pretendió congelar todas las plazas porque claramente eso podría generar una afectación en la prestación de servicios esenciales, por eso se efectúa la excepción en Educación y autoriza la creación de plazas estrictamente necesarias.